lunes, 19 de octubre de 2026

Benjamín Zeledón (1910-1912): del exilio político a la resistencia armada

La caída del régimen de José Santos Zelaya en 1909 no puso fin a las disputas por el poder en Nicaragua. Por el contrario, abrió una etapa de inestabilidad institucional en la que confluyeron las rivalidades entre las élites políticas, las disputas por el control de las fuerzas armadas y la creciente influencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país.

La ejecución de Lee Roy Cannon y Leonard Groce fue el acontecimiento que llevó a Washington a romper con el gobierno de Zelaya y a elevar la presión diplomática. Pero cuando el gobierno revolucionario de Estrada apareció en Managua, su primera estrategia no fue rechazar la relación con los Estados Unidos. Por el contrario, buscó activamente el reconocimiento estadounidense y ofreció negociar un programa que incluía reformas financieras, un empréstito garantizado por ingresos aduaneros y mecanismos de cooperación bilateral.

Carlos Cuadra Pasos sostuvo que “La revolución de Bluefields nació sin ninguna clase de conexiones con el Gobierno de los Estados Unidos”. Pág. 45.

La relación entre Nicaragua y Washington, por tanto, no puede reducirse a una sola decisión ni a un solo acontecimiento.

Los despachos del Departamento de Estado muestran que Washington conocía la existencia de la conspiración antes de que esta se consolidara, seguía sus movimientos mediante sus representantes diplomáticos y estaba atento a la protección de los intereses estadounidenses en Nicaragua. También muestran que ciudadanos estadounidenses, entre ellos Lee Roy Cannon y Leonard Groce, terminaron incorporados a las fuerzas revolucionarias.

La revolución nació en un contexto nicaragüense; los Estados Unidos observaron y protegieron sus intereses; ciudadanos estadounidenses participaron en las fuerzas revolucionarias; la ejecución de Cannon y Groce produjo una crisis diplomática; y posteriormente el nuevo gobierno de Estrada buscó reconstruir la relación con Washington sobre bases que incluían compromisos financieros y administrativos.

El relato de Cuadra Pasos permite observar uno de los primeros conflictos dentro del nuevo gobierno. Mientras se organizaba el régimen provisional de Juan José Estrada, el Ministerio de la Guerra adquirió una importancia extraordinaria. Según Cuadra Pasos, tanto Emiliano Chamorro como Luis Mena consideraban que quien ocupara ese cargo quedaría en una posición privilegiada para suceder a Estrada. Finalmente, fue Mena quien aceptó el ministerio y, con él, el control de los cuarteles.

Cuadra Pasos.

Pero había otra cuestión que resultaría todavía más difícil: establecer las relaciones con los Estados Unidos.

Salvador Castrillo presentó al Departamento de Estado las instrucciones de Estrada para solicitar el reconocimiento de su gobierno. Las condiciones eran significativas: elecciones en un plazo no mayor de un año, reorganización constitucional, rehabilitación de la Hacienda Pública, búsqueda de un empréstito estadounidense garantizado con parte de los ingresos aduaneros, procesamiento de los responsables de la muerte de Cannon y Groce e indemnización a sus familiares. Estrada solicitaba además el envío de un comisionado estadounidense a Managua para facilitar las negociaciones. (Cuadra Pasos, pág. 52)

En ese escenario se inscribe la trayectoria de Benjamín Zeledón, cuya participación en la guerra de 1912 suele interpretarse como parte de una continuidad entre el liberalismo, la oposición al gobierno de Adolfo Díaz y la resistencia a la intervención militar estadounidense. Sin embargo, reconstruir ese proceso exige examinar con mayor precisión los acontecimientos que precedieron a su aparición en el frente de Masaya.

El gobierno provisional de Juan José Estrada tuvo que afrontar una doble dificultad: consolidar su autoridad dentro del país y obtener el reconocimiento internacional necesario para sostener su administración. En ese contexto, el control de las fuerzas armadas adquirió una importancia decisiva. El Ministerio de la Guerra dejó de ser únicamente una dependencia administrativa y se convirtió en un espacio estratégico para la distribución del poder político. (Cuadra Pasos , pág. 83)

La posición del general Luis Mena dentro del aparato militar contribuyó a profundizar las tensiones entre el Ejecutivo y los sectores que aspiraban a establecer nuevos mecanismos de control institucional. La disputa no se limitaba a las diferencias entre liberales y conservadores; también comprendía desacuerdos sobre la organización del Estado, el alcance de la autoridad parlamentaria y la participación de los antiguos partidarios de Zelaya en el nuevo orden político.

Paralelamente, las relaciones con Estados Unidos adquirieron una dimensión financiera y diplomática. Las negociaciones impulsadas por el gobierno de Estrada contemplaron propuestas relacionadas con la reorganización institucional, la contratación de un empréstito y la participación de un representante estadounidense en los asuntos financieros y políticos del país. Estos compromisos deben examinarse a partir de la documentación diplomática, pues permiten comprender cómo las decisiones de las élites nicaragüenses interactuaron con los intereses de Washington.

La crisis de este período revela, por tanto, una contradicción fundamental: mientras se intentaba reorganizar el Estado mediante acuerdos políticos y procedimientos constitucionales, el control de las armas continuaba condicionando la capacidad efectiva de las instituciones civiles. Esta contradicción se manifestó de manera particularmente aguda en 1911 y contribuyó a configurar el escenario en el que estalló la rebelión de Luis Mena al año siguiente.

La documentación diplomática estadounidense ofrece indicios relevantes. Un despacho del ministro George T. Weitzel, fechado el 9 de agosto de 1912, afirma que Zeledón había sido autorizado recientemente a regresar a Nicaragua bajo el compromiso de abstenerse de actividades políticas subversivas. El mismo informe registra su vinculación con los contingentes zelayistas que se dirigían a Masaya durante los primeros días de la rebelión encabezada por Luis Mena. (Weitzel., 1912)

Este testimonio permite establecer un punto de partida documental, pero deja abiertas preguntas fundamentales: ¿quién autorizó el regreso de Zeledón?, ¿cuándo y por qué ruta volvió al país?, ¿qué relaciones mantenía con Mena antes del levantamiento?, y ¿en qué momento asumió el mando militar efectivo de la resistencia en Masaya?

Responder estas interrogantes requiere distinguir entre los hechos consignados en las fuentes primarias, las interpretaciones historiográficas posteriores y las hipótesis que todavía necesitan comprobación. El propósito es reconstruir esa trayectoria sin dar por supuesta la existencia, desde el comienzo de la rebelión, de una dirección militar y política unificada.

Es dentro de esta transformación institucional donde debe situarse la trayectoria de Benjamín Zeledón. Para comprender su incorporación a la resistencia armada de 1912, resulta necesario examinar primero qué ocurrió con los dirigentes liberales desplazados y, particularmente, con aquellos que fueron expulsados del país durante la reorganización política posterior a Zelaya.

La expulsión de Benjamín Zeledón en noviembre de 1910 abrió un período de desplazamiento fuera de Nicaragua cuya reconstrucción requiere distinguir entre los registros documentales y las referencias biográficas posteriores. (Zeledón, 2010, pág. 79)

Telegram # 1

Division of Latin American Affairs, November 17, 1910, Department of State.
Telegram Received Cipher. Managua, Nicaragua, November 16, 1910, Recd
Secretary of State, Washington. November 16. The provisional Government today
expulsed Gamez, Barreto, Zeledón and Maldonado, Zelaya's liberals owning or
editing newspapers that have violated public decency, provoked disorder, and
been directly responsible for the Leon Anti-American riots. Estrada is determined
to act as strongly as the conditions required in maintaining order and will not
further permit the press to publish misrepresentations tending to incite the masses.
 

Telegram # 2

Division of Latin American Affairs, December 3, 1910. Department of State.
American Consulate, Corinto, Nicaragua, November 17, 1910. Subject: Expulsion
from country of Dr. Benjamin Zeledón and José Dolores Games. The Honorable,
the Secretary of State, Washington. Sir: I have the honor to report to the
Department that Dr. Benjamin Zeledón, and Jose Dolores Gamez have been
expelled from the country. They were brought down last night and placed aboard
a German steamer going north. I have been told that they will go to Mexico.
I have the honor to be Sir Your obedient servant. Signed the American Consul.

Se sitúa a Zeledón en Centroamérica después de su salida del país. El Salvador y Costa Rica aparecen como espacios vinculados a su trayectoria durante el exilio. En el caso costarricense, se señala que obtuvo el reconocimiento de su título profesional para ejercer la abogacía en septiembre de 1911. (Zeledón, 2010, pág. 80). 


El liderazgo del partido liberal de Nicaragua, desterrado de su tierra natal. Primera fila de izquierda a derecha: General, Senador y ex-Presidente de Nicaragua Ignacio Chávez López, Dr. Rodolfo Espinoza Ramírez, Sr. José Dolores Gámez Guzmán. Segunda fila: Sr. Ignacio Chávez Jr., General Roberto González Dubón, Dr. Mariano Barreto, Dr. Santiago Argüello Barreto, Ing. Alejandro Bermúdez y Dr. Sebastián Salinas. Última fila. Dr. Felipe Neri Fernández, Jefe Supremo de Gobierno de Nicaragua; Dr. General Benjamín F. Zeledón R., Dr. Enrique Cerda; Coronel Luciano Astorga; Dr. Antonio Medrano, Dr. Carlos Quiroz, Dr. Mariano Barreto Jr. Sr. Salvador Lacayo Portocarrero, Sr. Gilberto Saballos; Lic. José María Castellón. A bordo del vapor Newport. Corinto, Nicaragua, 16 de noviembre de 1910. Meses después regresaron para luchar contra la intervención. (Guido) (Zeledón, 2010, pág. 145)

La cuestión central, sin embargo, no es únicamente establecer dónde permaneció Zeledón durante el exilio, sino determinar en qué circunstancias regresó a Nicaragua y qué relaciones políticas hicieron posible su retorno.

Un despacho del ministro estadounidense George T. Weitzel, fechado el 9 de agosto de 1912, constituye una referencia fundamental; el diplomático informó que Zeledón había sido autorizado recientemente a regresar a Nicaragua bajo el compromiso de abstenerse de participar en actividades políticas subversivas.

El documento permite sostener que, según la información recibida por la legación estadounidense, su retorno había sido autorizado. Sin embargo, no identifica por sí solo a la autoridad que concedió el permiso, la fecha exacta del ingreso ni las condiciones concretas de la negociación. Tampoco permite determinar si el regreso fue acordado antes del levantamiento de Luis Mena o si se produjo como consecuencia de la crisis política y militar iniciada a finales de julio de 1912.

En mayo de 1911, dado que tanto el presidente Estrada como el ministro de guerra, el general Luis Mena, se opusieron a los pactos de Dawson Díaz, se vieron obligados a renunciar. El vicepresidente Adolfo Díaz y el general Emiliano Chamorro Vargas fueron nombrados vicepresidentes. Independientemente de la sucesión, Mena estaba decidido a hacerse con la presidencia en la próxima "elección". Mena aún controlaba la mayor parte del ejército conservador nicaragüense y las armas. Más problemas claramente estaban por venir. (Zeledón, 2010, pág. 63)

El levantamiento del general Luis Mena contra el gobierno de Adolfo Díaz, iniciado a finales de julio de 1912, constituyó el punto de inflexión de la crisis política nicaragüense. La rebelión no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pues también involucró disputas por la sucesión presidencial, el control del aparato militar y la influencia estadounidense en la política nacional. Este consolidad su poder a través del dominio de la Asamblea Nacional que le concede plenos poderes y lo convierte en Presidente de la República el 10 de agosto de 1911. (Zeledón, 2010, pág. 64)

Un despacho del ministro estadounidense George T. Weitzel, fechado el 7 de agosto de 1912, proporciona información relevante sobre los primeros momentos de la insurrección. En él, el diplomático relató que Mena había abandonado Managua y se había trasladado a Masaya, pese a los intentos de alcanzar un arreglo con el gobierno. El documento también señala que Mena buscaba sustituir a Adolfo Díaz por Marcos Mairena y que estaba armando a sus aliados zelayistas.

El mismo despacho indica que, el 1 de agosto, Mena se atribuyó el título de General in chief of the Allied Forces y promovió la destitución de Díaz mediante una resolución de la asamblea reunida bajo su control en Masaya. Este testimonio permite distinguir entre la proclamación formal de una jefatura militar y el ejercicio efectivo del mando sobre los diferentes contingentes insurgentes. (Weitzel., 1912)

En este contexto aparece la participación de Benjamín Zeledón. La documentación diplomática citada anteriormente lo relaciona con los contingentes zelayistas y con las operaciones desarrolladas en torno a Masaya. Sin embargo, para determinar con precisión cuándo asumió la dirección militar de la plaza y cuál era su relación jerárquica con Mena, resulta necesario contrastar los despachos diplomáticos con testimonios militares y fuentes nicaragüenses.

La formación de las Fuerzas Aliadas debe interpretarse, por tanto, como un proceso de articulación entre sectores que compartían un adversario, pero que no necesariamente perseguían idénticos objetivos políticos. La cooperación militar no demuestra por sí sola la existencia de un proyecto político homogéneo ni permite afirmar que Zeledón ejerciera desde el inicio la jefatura suprema de la rebelión.

El desarrollo de la guerra modificó progresivamente la correlación de fuerzas. Los insurgentes encontraron resistencia por parte del ejército gubernamental y, posteriormente, debieron enfrentarse a la intervención militar estadounidense. En ese escenario, Masaya y las posiciones de El Coyotepe y La Barranca adquirieron importancia estratégica por su relación con las comunicaciones y el ferrocarril.

La documentación oficial estadounidense registra que, durante los primeros días de octubre, los marines y marineros estadounidenses tomaron las posiciones de El Coyotepe y La Barranca, después de que Zeledón se negara a evacuarlas. Poco después, las fuerzas del gobierno nicaragüense ocuparon Masaya. El despacho de Weitzel del 18 de octubre de 1912 confirma esta secuencia, aunque debe leerse teniendo en cuenta que se trata del relato de un representante diplomático del mismo país cuyas tropas intervinieron en el conflicto.

La intervención estadounidense no fue un elemento secundario de la guerra. La participación directa de sus fuerzas modificó las condiciones militares del enfrentamiento y favoreció la derrota de la resistencia. Para comprender su alcance histórico, es necesario relacionar la intervención con la política estadounidense de protección de sus ciudadanos, propiedades e intereses estratégicos, sin reducir el conflicto a una explicación exclusivamente externa: la crisis también tenía raíces en las disputas políticas internas de Nicaragua.

La defensa de Masaya, por consiguiente, permite examinar la interacción de tres dimensiones: la lucha por el poder dentro del Estado nicaragüense, la resistencia de los contingentes insurgentes y la intervención de una potencia extranjera en el desenlace de la guerra.

La posición de Zeledón adquirió un significado particular porque su resistencia continuó incluso cuando la coalición insurgente perdió cohesión y capacidad militar. Sin embargo, la interpretación de su conducta como un proyecto autónomo de resistencia debe apoyarse en sus escritos, comunicaciones y decisiones militares, además de los testimonios posteriores que lo convirtieron en una figura central de la defensa de la soberanía nacional.

El 4 de octubre de 1912 constituye la fecha decisiva del desenlace. Las fuerzas estadounidenses tomaron las posiciones de El Coyotepe y La Barranca, y las tropas gubernamentales ocuparon Masaya. La resistencia organizada sufrió una derrota que marcó el final de la fase decisiva de la rebelión en el frente oriental.

Benjamín Zeledón murió ese mismo día, a los 33 años. Sin embargo, las circunstancias precisas de su muerte han sido objeto de diferentes versiones. Las fuentes institucionales nicaragüenses recogen relatos según los cuales fue alcanzado por tropas gubernamentales durante su retirada, mientras que otras narraciones sostienen que fue capturado y posteriormente ejecutado. La documentación consultada no permite presentar una de estas versiones como definitivamente establecida sin examinar los testimonios originales y su procedencia, para más información vease https://nuestrahistorianicaragua.blogspot.com/2020/05/donde-murio-el-gral-benjamin-zeledon.html

También forma parte de la memoria histórica del acontecimiento el traslado de sus restos en una carreta hasta Catarina. Este episodio quedó asociado a la imagen de la derrota militar y al impacto que la intervención estadounidense produjo en la conciencia política de generaciones posteriores.

La muerte de Zeledón no debe separarse del contexto militar en el que ocurrió. Su resistencia se desarrolló en una coyuntura marcada por la superioridad de las fuerzas adversarias, la fragmentación del movimiento insurgente y la intervención directa de Estados Unidos. Estas circunstancias ayudan a explicar el desenlace, aunque no resuelven por sí mismas todas las cuestiones relacionadas con su último desplazamiento, la captura o muerte y el tratamiento de su cadáver.

El estudio de este episodio exige distinguir entre la fecha de la muerte, ampliamente reconocida, y los detalles particulares de las circunstancias que la rodearon, sobre los cuales persisten discrepancias entre las fuentes.

La reconstrucción de la trayectoria de Benjamín Zeledón entre 1910 y 1912 permite establecer algunos resultados, pero también revela los límites de la documentación disponible.

En primer lugar, los registros diplomáticos citados ofrecen evidencia de su expulsión política en 1910 y de la información recibida por la legación estadounidense acerca de su regreso a Nicaragua en 1912. No obstante, para reconstruir el itinerario completo del exilio es necesario localizar y contrastar registros adicionales de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

En segundo lugar, los despachos de Weitzel permiten documentar la proclamación de Mena como jefe de las Fuerzas Aliadas y la participación de los zelayistas en la rebelión. Sin embargo, no bastan por sí solos para determinar el momento exacto en que Zeledón asumió el mando militar efectivo en Masaya ni para reconstruir toda la estructura de la coalición insurgente.

En tercer lugar, la documentación diplomática confirma la intervención de las fuerzas estadounidenses en las operaciones que culminaron con la toma de las posiciones defensivas de Masaya. Esta evidencia resulta fundamental para estudiar el papel de Estados Unidos en la guerra, aunque debe contrastarse con testimonios nicaragüenses y otros registros contemporáneos para obtener una reconstrucción equilibrada de las operaciones y sus consecuencias.

A partir de estas consideraciones, permanecen abiertas varias preguntas:

¿Qué autoridad autorizó el regreso de Zeledón a Nicaragua en 1912?
¿Cuál fue su itinerario exacto desde el exilio hasta el territorio nicaragüense?
¿Qué comunicaciones mantuvo con Luis Mena antes y durante la rebelión?
¿Existió un acta constitutiva formal de las Fuerzas Aliadas?
¿Cuándo y bajo qué circunstancias cambió el mando militar efectivo en Masaya?

Estas preguntas no invalidan los resultados alcanzados. Por el contrario, delimitan el trabajo pendiente y permiten orientar futuras búsquedas documentales.

La trayectoria de Benjamín Zeledón entre 1910 y 1912 se desarrolló en medio de una crisis institucional que combinó disputas por el poder, fragmentación política y creciente intervención estadounidense. Su expulsión, el período de exilio, su regreso y su participación en la resistencia de Masaya constituyen etapas relacionadas, pero no deben presentarse como una secuencia completamente esclarecida mientras persistan lagunas documentales.

Las fuentes diplomáticas permiten reconstruir aspectos esenciales de la rebelión de Luis Mena, la proclamación de las Fuerzas Aliadas y la intervención militar estadounidense. Al mismo tiempo, muestran que la autoridad política y el mando militar no fueron necesariamente equivalentes y que la posición de Zeledón debe estudiarse dentro de una coalición cuyas relaciones internas evolucionaron durante el conflicto.

La defensa de Masaya y la muerte de Zeledón el 4 de octubre de 1912 quedaron incorporadas a la memoria histórica nicaragüense como acontecimientos vinculados a la resistencia frente a la intervención extranjera. No obstante, el valor histórico de esa memoria no elimina la necesidad de investigar las circunstancias concretas en las que se desarrollaron los acontecimientos.

Reconstruir el tránsito de Zeledón desde el exilio político hasta la resistencia armada exige, en definitiva, combinar la crítica de las fuentes diplomáticas, el examen de los testimonios nicaragüenses y la revisión de las interpretaciones historiográficas posteriores. Solo mediante ese contraste será posible determinar qué aspectos de su trayectoria pueden establecerse documentalmente y cuáles continúan siendo problemas abiertos de investigación.

Bibliografia 

Asamblea Nacional de Nicaragua. (s. f.). Benjamín Zeledón.

Cuadra Pasos , C. (s.f.). Historia de medio siglo.

Guido, C. (s.f.). Perfil de Benjamín Zeledón.

Weitzel., G. (9 de agosto de 1912). https://history.state.gov/. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1912

Ministerio de Defensa de Nicaragua. (s. f.). General Benjamín Zeledón Rodríguez.

Zeledón, S. A. (2010). Fighting Intervention in Nicaragua in the Age of British-American Conflict 1820-1920: Dr. and General Benjamin F. Zeledón Supreme Chief of Government of Nicaragua in Rebellion 1909-1912.

 


viernes, 18 de septiembre de 2026

La sublevación de Xalteva de 1769: poder indígena, elecciones y justicia colonial en Nicaragua

Hay historias que nunca desaparecieron del todo. Permanecieron en los documentos, en los archivos y en la memoria fragmentaria de quienes las vivieron, aunque durante mucho tiempo quedaron relegadas a los márgenes de la historiografía. No necesariamente porque nadie las hubiera registrado, sino porque fueron conservadas, en buena medida, desde la perspectiva de quienes tuvieron el poder de documentarlas, interpretarlas y transmitirlas. Recuperarlas exige interrogar nuevamente los documentos y reconocer, entre las palabras de quienes tuvieron el poder de escribir, las huellas de quienes también hicieron la historia.

El estudio de la historia colonial de Nicaragua plantea precisamente este desafío. Una parte importante de la documentación conservada fue producida por autoridades civiles, religiosas y judiciales, de modo que las voces indígenas aparecen con frecuencia mediadas por quienes tuvieron la responsabilidad de registrarlas. Los documentos coloniales, por tanto, no constituyen testimonios neutrales de los acontecimientos: fueron elaborados dentro de un determinado sistema de poder y respondieron a propósitos administrativos, judiciales o políticos. Sin embargo, esas mismas fuentes permiten aproximarse a las experiencias, conflictos y formas de actuación de las comunidades indígenas frente a las estructuras coloniales.

Para comprender estos conflictos, es necesario considerar las condiciones en las que se desenvolvía la población indígena durante el período colonial. Las comunidades habían sido incorporadas a un sistema que transformó sus formas de organización territorial, económica y política y que estableció diversas obligaciones frente a la Corona y a los grupos de población española.

Las Leyes Nuevas de 1542 introdujeron modificaciones importantes en el orden colonial al limitar la encomienda y reconocer a los indígenas como vasallos de la Corona. La población indígena fue organizada en pueblos de indios y se reconocieron diferentes formas de acceso a la tierra, entre ellas las tierras ejidales, destinadas al aprovechamiento colectivo, y las tierras del común, vinculadas a la producción y subsistencia de las familias. No obstante, estas modificaciones no significaron la desaparición de las obligaciones impuestas a las comunidades indígenas. El repartimiento y el tributo continuaron formando parte de las estructuras económicas y laborales de la sociedad colonial y dieron lugar a numerosos abusos (Romero, 1992, pp. 18-20, 25-27, citado en Casanova Fuertes, 2016, p. 124).

El repartimiento establecía la obligación de los indígenas de prestar determinados servicios laborales durante períodos específicos. Aunque formalmente debía existir una remuneración, la aplicación del sistema podía generar condiciones de explotación y abuso. Los indígenas también fueron destinados a labores relacionadas con la construcción y reparación de caminos, puentes, iglesias y otras obras, así como al transporte de mercancías y otros servicios. En determinadas circunstancias, además de aportar su trabajo, debían proporcionar herramientas, animales y materiales necesarios para realizar las tareas.

A estas obligaciones se sumaba el tributo, que constituía una carga económica vinculada a la condición de los indígenas como vasallos de la Corona. Las dificultades económicas, las calamidades naturales y otros factores podían impedir el cumplimiento de estas obligaciones y generar nuevas presiones sobre las comunidades.

Este sistema de obligaciones laborales y tributarias constituye un elemento necesario para comprender el contexto en el que surgieron diversos conflictos entre las comunidades indígenas y las autoridades coloniales. Sin embargo, la existencia de estas condiciones generales no permite, por sí misma, establecer cuáles fueron las causas concretas de la sublevación ocurrida en Xalteva en 1769. Para ello es necesario acudir al expediente que documentó directamente el acontecimiento.

A este contexto político, económico y laboral se sumó un profundo proceso de transformación demográfica iniciado desde las primeras décadas de la conquista. Las estimaciones sobre la población indígena de Nicaragua antes de la llegada de los españoles presentan dificultades debido a la ausencia de registros demográficos directos y a las diferencias metodológicas entre las investigaciones. No obstante, algunas estimaciones permiten dimensionar la magnitud que pudo alcanzar el proceso de despoblamiento.

El geógrafo David R. Radell estimó que la población indígena de Nicaragua podía alcanzar aproximadamente un millón de habitantes al inicio de la conquista y que, seis décadas después, se habría reducido a unos 10 000. Estas cifras fueron recogidas por Incer Barquero y deben entenderse como estimaciones demográficas, no como registros censales exactos (Incer Barquero, 1990, p. 111).

Según Incer Barquero, entre los factores relacionados con este proceso de despoblamiento se encontraban los trabajos forzados y los malos tratos, la desnutrición y el hambre, las condiciones de trabajo en las minas, las marchas forzadas durante las expediciones, las epidemias y la esclavización y traslado de indígenas hacia otros territorios del imperio español. Entre las enfermedades mencionadas se encuentran la viruela, el sarampión, la influenza y la disentería (Incer Barquero, 1990, p. 112).

Estas estimaciones y explicaciones permiten comprender la profundidad de las transformaciones experimentadas por las sociedades indígenas durante las primeras décadas de la dominación española. La disminución demográfica, la reorganización territorial y la imposición de obligaciones laborales y tributarias alteraron las condiciones de vida de las comunidades y contribuyeron a configurar nuevas relaciones de poder. Sin embargo, estos procesos generales deben diferenciarse de las circunstancias particulares que dieron origen a cada conflicto indígena.

En este escenario se encontraba Xalteva, pueblo o barrio indígena situado al norte de la ciudad de Granada. La comunidad mantenía formas propias de organización dentro del orden colonial, pero su proximidad con la ciudad española la vinculaba estrechamente con las autoridades, los vecinos y las actividades económicas de Granada. Esta relación situaba a los habitantes de Xalteva dentro de las estructuras administrativas, laborales y económicas de la sociedad colonial y, al mismo tiempo, generaba un espacio en el que podían manifestarse las tensiones entre la comunidad indígena y las autoridades.

La incorporación de las comunidades indígenas al orden colonial tampoco significó la desaparición de su capacidad de acción. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se registraron distintos conflictos y levantamientos protagonizados por indígenas en diferentes regiones de Nicaragua. Entre ellos se encuentran los episodios de Sutiaba de 1681 y Sébaco de 1693, además de otros conflictos registrados durante el siglo XVIII, como los ocurridos en El Viejo y Xalteva.

Estos acontecimientos no deben entenderse necesariamente como partes de un movimiento único o coordinado. Cada uno respondió a circunstancias históricas particulares y requiere ser estudiado a partir de sus propias fuentes. Su existencia, sin embargo, permite reconocer que las comunidades indígenas desarrollaron diferentes formas de respuesta frente a las estructuras coloniales y que la resistencia constituyó una dimensión permanente, aunque diversa, de la sociedad colonial nicaragüense.

Es en este contexto donde adquiere particular importancia la sublevación ocurrida en Xalteva en 1769. El acontecimiento quedó registrado en un expediente colonial titulado Diligencias practicadas sobre la sublevación y motín suscitado por los indios del pueblo de Jalteba contra el alcalde y españoles, correspondiente a Granada y fechado en 1769. La documentación constituye una fuente primaria para aproximarse al conflicto y permite estudiar no solamente el levantamiento, sino también la manera en que las autoridades coloniales lo observaron, investigaron y registraron.

La historiografía ha relacionado este episodio con las tensiones generadas por las obligaciones laborales, las cargas tributarias y los conflictos entre las comunidades indígenas y las autoridades locales. Sin embargo, estas interpretaciones deben ser contrastadas con el contenido del expediente. La documentación primaria ofrece la posibilidad de determinar con mayor precisión cuáles fueron las circunstancias que precedieron al levantamiento, quiénes participaron, qué acciones tuvieron lugar, cuáles fueron los argumentos utilizados por los distintos actores y qué respuesta adoptaron las autoridades coloniales.

El análisis del expediente presenta, además, un desafío particular. Se trata de documentación manuscrita del siglo XVIII cuya lectura exige considerar las características de la escritura de la época, las abreviaturas, las fórmulas administrativas y judiciales y las variaciones ortográficas. El análisis paleográfico permite recuperar el contenido de estos documentos y, posteriormente, realizar una interpretación histórica que distinga entre el acontecimiento, la forma en que fue registrado por las autoridades y las interpretaciones construidas posteriormente por la historiografía.

Por esta razón, la presente investigación parte del análisis documental y paleográfico del expediente de 1769 para reconstruir la sublevación de Xalteva a partir de la evidencia disponible. El propósito no consiste únicamente en incorporar un nuevo episodio al conjunto de rebeliones indígenas conocidas de la Nicaragua colonial, sino en examinar el acontecimiento desde sus protagonistas, sus circunstancias y las relaciones de poder que quedaron plasmadas en la documentación.

Desde esta perspectiva, la sublevación de Xalteva puede estudiarse como una manifestación concreta de las tensiones existentes entre una comunidad indígena y las estructuras de autoridad colonial. El análisis del expediente permitirá determinar hasta qué punto las interpretaciones historiográficas existentes encuentran respaldo en la documentación y qué elementos pueden ser ampliados, matizados o cuestionados a partir de la fuente primaria.

Volver al expediente significa, en este sentido, regresar a un acontecimiento que fue registrado desde la perspectiva de las autoridades coloniales para intentar reconstruir, entre sus declaraciones, diligencias y testimonios, las acciones y experiencias de quienes participaron en él. No se trata de sustituir una versión por otra, sino de someter el documento a una lectura crítica que permita distinguir entre lo que las fuentes permiten afirmar, lo que puede interpretarse a partir de ellas y aquello que permanece fuera de nuestro alcance.

El estudio de Xalteva adquiere así relevancia para la historia colonial de Nicaragua porque permite aproximarse a una dimensión fundamental de las comunidades indígenas: su capacidad de actuar dentro de un sistema que buscaba regular su trabajo, sus obligaciones económicas, su territorio y sus relaciones con las autoridades. La conquista y la colonización transformaron profundamente estas sociedades, pero no eliminaron su capacidad de respuesta. El expediente de 1769 constituye, precisamente, una de las huellas documentales que permiten estudiar esa relación entre dominación, conflicto y resistencia.

En 1769, el pueblo indígena de Jalteba, situado al norte de la ciudad de Granada, fue escenario de un levantamiento que enfrentó a sus habitantes con autoridades y vecinos españoles. El acontecimiento quedó registrado en un expediente judicial conservado en el Archivo General de Centroamérica, titulado Diligencias practicadas sobre la sublebación y motín suscitado por los yndios del pueblo de Jalteba contra el alcalde y españoles, correspondiente a Granada y fechado en 1769. La documentación constituye una de las fuentes primarias fundamentales para reconstruir el episodio y conocer la manera en que las autoridades coloniales interpretaron y respondieron al conflicto.

El levantamiento ocurrió en un contexto en el que las comunidades indígenas de Nicaragua se encontraban sometidas a diversas obligaciones laborales y económicas. El repartimiento imponía la prestación de trabajo durante determinados períodos, mientras que el tributo constituía una obligación económica derivada de la condición de los indígenas como vasallos de la Corona. Aunque la legislación colonial establecía determinadas condiciones para estas obligaciones, su aplicación podía generar abusos y conflictos entre las comunidades, los funcionarios y los vecinos españoles.

Jalteba se encontraba en una posición particularmente significativa dentro de este sistema. Su proximidad a Granada hacía que la comunidad indígena mantuviera una relación constante con la ciudad y con las autoridades coloniales. Los habitantes del pueblo participaban de las obligaciones que recaían sobre las comunidades indígenas y estaban sujetos a las decisiones de los funcionarios encargados de hacer cumplir las disposiciones coloniales.

Fue dentro de estas relaciones de subordinación y tensión donde se produjo el conflicto de 1769. De acuerdo con la descripción archivística del expediente, durante la noche del 22 de julio de 1769 se produjo una sublevación y motín protagonizado por indígenas de Jalteba contra el alcalde Gregorio Centeno y Velásquez y otros españoles. El alcalde fue herido y maltratado durante los acontecimientos, junto con otras personas vinculadas al conflicto.

El episodio no puede comprenderse únicamente a partir de la violencia registrada durante aquella noche. El expediente judicial constituye precisamente la huella documental de un conflicto que había alcanzado un punto de ruptura entre los habitantes indígenas de Jalteba y las autoridades coloniales. La documentación permite aproximarse a las circunstancias que rodearon el levantamiento, pero requiere una lectura crítica para distinguir entre los hechos ocurridos, los testimonios de los participantes y la interpretación realizada posteriormente por los funcionarios encargados de investigar el caso.

Esta distinción resulta fundamental. El expediente fue elaborado desde la institucionalidad colonial y, por tanto, la descripción del levantamiento estuvo condicionada por el lenguaje jurídico y administrativo de las autoridades. Los indígenas aparecen registrados dentro de una investigación iniciada a raíz de un motín, mientras que sus acciones son interpretadas desde las categorías utilizadas por quienes ejercían la autoridad. Por ello, la documentación no debe leerse únicamente como una narración objetiva de los hechos, sino también como un testimonio de la manera en que el poder colonial construía y juzgaba los conflictos con las comunidades indígenas.

El enfrentamiento de Jalteba debe situarse, además, dentro de una historia más amplia de conflictos entre comunidades indígenas y autoridades coloniales en Nicaragua. Durante los siglos XVII y XVIII se produjeron diversos levantamientos y protestas indígenas, entre ellos los de Sutiaba y Sébaco y otros episodios registrados durante el siglo XVIII. La existencia de estos conflictos demuestra que la incorporación de los pueblos indígenas al orden colonial no eliminó su capacidad de organización y respuesta frente a las obligaciones y decisiones que afectaban sus comunidades.

Sin embargo, el caso de Jalteba debe ser analizado en sus propias circunstancias. No existen elementos suficientes, a partir de la información actualmente revisada, para afirmar que el levantamiento de 1769 formara parte de un movimiento indígena coordinado con otras rebeliones. Su importancia histórica reside precisamente en la posibilidad de reconstruir un conflicto concreto y observar, a través de sus documentos, la relación entre una comunidad indígena y las autoridades coloniales de Granada.

La sublevación de 1769 puede entenderse, por tanto, como el resultado visible de unas relaciones coloniales caracterizadas por la desigualdad jurídica, económica y política. El sistema colonial había establecido mecanismos para regular el trabajo, el tributo y la organización de las comunidades indígenas, pero la aplicación de estas disposiciones generó espacios de conflicto en los que las comunidades podían responder mediante distintas formas de negociación, resistencia o confrontación.

El acontecimiento de la noche del 22 de julio constituye así el punto culminante de un conflicto cuya explicación no debe limitarse al enfrentamiento físico registrado en el expediente. Para comprender qué llevó a los indígenas de Jalteba a enfrentarse con el alcalde y otros españoles, es necesario reconstruir los acontecimientos anteriores, identificar a los actores involucrados, examinar sus declaraciones y determinar qué agravios aparecen efectivamente documentados.

La respuesta posterior de las autoridades constituye igualmente una parte fundamental del episodio. El expediente no solamente conserva la memoria del motín, sino también las actuaciones realizadas para investigar lo ocurrido y establecer responsabilidades. Estas diligencias permiten observar cómo el sistema colonial reaccionaba ante una acción colectiva indígena que cuestionaba, aunque fuera de manera puntual, la autoridad establecida.

Desde esta perspectiva, lo ocurrido en Granada en 1769 no debe reducirse a la descripción de un motín en el que indígenas atacaron a un alcalde. El acontecimiento representa un episodio de conflicto dentro de una sociedad colonial profundamente jerarquizada, en la que las comunidades indígenas estaban sometidas a obligaciones laborales y económicas y, al mismo tiempo, conservaban espacios de organización y capacidad de acción.

La importancia histórica del expediente de Jalteba reside precisamente en que permite acercarse a ese momento de ruptura. Entre las fórmulas judiciales, las declaraciones y las diligencias de las autoridades quedaron registradas las huellas de un enfrentamiento entre quienes ejercían el poder colonial y una comunidad indígena que, en determinadas circunstancias, decidió recurrir a la confrontación.

Reconstruir lo sucedido exige, por tanto, ir más allá de la versión inicial del “motín”. El verdadero desafío histórico consiste en determinar qué ocurrió antes de aquella noche, qué circunstancias llevaron al enfrentamiento, quiénes participaron, qué acciones emprendieron los indígenas, cuál fue el papel del alcalde y de los demás españoles involucrados y cómo respondió posteriormente la administración colonial. Solo mediante el análisis completo del expediente será posible establecer con precisión las causas inmediatas, el desarrollo y las consecuencias de la sublevación de Jalteba de 1769.

Igualmente, las quejas de los naturales de Sébaco contra la administración colonial constituyen un elemento relevante para comprender las diferentes formas de inconformidad indígena. Estas se manifestaron mediante la presentación de quejas y denuncias ante las autoridades, el rechazo a determinadas cargas y obligaciones impuestas por el régimen colonial, la resistencia frente a los abusos de funcionarios y particulares y, en determinados contextos, la oposición colectiva a las disposiciones de las autoridades. Estas expresiones permiten observar que la población indígena no permaneció pasiva ante las relaciones de dominación colonial, sino que desarrolló diversos mecanismos para cuestionar, negociar y resistir aquellas prácticas que consideraba perjudiciales para sus intereses y condiciones de vida. https://ahgua.ufm.edu/agca/quejas-de-los-naturales-de-matagalpa-granada-sevaco1702/?page_a=1

La historia de estas comunidades no termina en las páginas de los expedientes coloniales. En ellas quedaron registradas las denuncias, los conflictos, las respuestas de las autoridades y, también, los silencios de quienes no tuvieron la posibilidad de escribir su propia versión de los acontecimientos. Acercarnos nuevamente a estos documentos permite reconstruir no solo lo que ocurrió, sino también las relaciones de poder que determinaron la manera en que esos hechos fueron registrados.

Las quejas de Sébaco, los conflictos de otros pueblos indígenas y la sublevación de Jalteba en 1769 forman parte de una historia más amplia de tensiones, negociaciones y formas de resistencia dentro de la sociedad colonial nicaragüense. No se trata de convertir acontecimientos distintos en un único movimiento ni de imponerles una interpretación que los documentos no sostienen; se trata de volver a ellos, leerlos en su contexto y permitir que nuevas preguntas emerjan de sus propias evidencias.

Porque, a veces, una historia no desaparece: simplemente permanece esperando que alguien vuelva a abrir el archivo.


Bibliografía 

Casanova Fuertes, R. (2016). Los precursores de Sandino. Revista de Temas Nicaragüenses (94), 337.

Diligencias sobre la sublebacion y motin suscitado por los yndios del Pueblo de Jalteba contra el alcalde y españoles, Granada 1769, AGCA A1-116-1769-847-00001 (Guatemala 1769).

Incer Barquero, J. (1990). Viajes, rutas y encuentros 1502-1538 . Libro Libre.

La Prensa. (25 de junio de 2007). Una historia escrita con las cañas huecas. https://www.laprensani.com/2007/06/25/reportajes-especiales/1702040-una-historia-escrita-con-las-canas-huecas

 


miércoles, 9 de septiembre de 2026

Informe Pisa 2025

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la OCDE ha publicado su edición 2025 (Volumen I: Estudiantes preparados para el futuro), evaluando a más de 760 000 estudiantes de 15 años en 91 países y economías. Esta edición se centró en las competencias científicas, de lectura, matemáticas y una innovadora evaluación en resolución de problemas computacionales y el mundo digital.

Los resultados revelan un escenario global complejo y heterogéneo tras las caídas históricas registradas en ciclos anteriores:

  • Liderazgo asiático: Las jurisdicciones chinas de Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, junto a Singapur, se posicionaron como los sistemas con mejor desempeño global en ciencias, matemáticas y lectura.

  • Déficit acumulado en materias clave: Se registró el promedio más bajo en la historia de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. La lectura acumula la caída más pronunciada desde 2012, mientras que las matemáticas sufrieron un fuerte descenso tras 2018.

  • El reto de los alumnos rezagados: Alrededor del 20% del estudiantado en los países de la OCDE se encuentra en niveles de bajo rendimiento en las tres materias evaluadas, careciendo de competencias básicas para la vida cotidiana y el empleo.

  • Excepciones positivas: Sistemas como Costa Rica, la República Eslovaca, Türkiye y el Reino Unido lograron repuntar en ciencias desde 2022, demostrando que las tendencias a la baja no son inevitables.


El informe detalla los elementos estructurales y contextuales que incidieron de manera directa en los

resultados de los estudiantes:


Distracciones digitales

El uso excesivo de dispositivos móviles y la distracción en clase por parte de los compañeros afectan negativamente el aprendizaje; más de uno de cada cuatro alumnos reporta distracciones en las lecciones de ciencias.

Uso de inteligencia artificial

Los estudiantes que emplean chatbots de IA de forma pasiva o para tareas específicas sin desarrollar alfabetización crítica obtienen peores resultados, evidenciando que la tecnología debe ser un andamiaje para el esfuerzo cognitivo y no un sustituto.

Lectura y hábitos de comprensión

Se duplicó casi la proporción de "lectores apresurados" que escanean superficialmente los textos. La disminución de la lectura por placer y el consumo acelerado en redes sociales erosionan el pensamiento crítico y la evaluación.

Clima escolar y apoyo familiar

Si bien la disciplina en el aula mejoró en varios países y aumentó el sentido de pertenencia, el apoyo familiar reportado disminuyó de manera generalizada. No obstante, el soporte docente estructurado y la provisión de ayuda para el estudio se correlacionan positivamente con mejores calificaciones.

El informe subraya que el gasto económico por sí solo no garantiza el éxito educativo; las políticas públicas eficaces, la profundidad curricular frente a la acumulación superficial de contenidos y la protección del tiempo de lectura profunda son claves fundamentales. En la era de la inteligencia artificial, el reto de los sistemas educativos radica en cultivar competencias profundamente humanas: el pensamiento crítico, la resiliencia cognitiva y la capacidad de discernir entre la información y el ruido.

Principales hallazgos incluidos

  1. Ciencias: 482 puntos en 2025; prácticamente estable frente a 2022, pero con una ampliación de la brecha entre estudiantes de alto y bajo rendimiento.
  2. Lectura: 461 puntos; caída de 28 puntos respecto de 2015 y aproximadamente 14 puntos respecto de 2022.
  3. Matemáticas: 463 puntos; caída de 22 puntos desde 2015 y 9 puntos desde 2022.
  4. El 20 % del alumnado OECD presenta bajo rendimiento simultáneamente en ciencias, lectura y matemáticas, frente al 16 % en 2022.
  5. En ciencias, el intervalo entre el 10 % de menor rendimiento y el 10 % de mayor rendimiento alcanza aproximadamente 259 puntos, la mayor brecha registrada por PISA.
  6. El factor socioeconómico sigue teniendo un peso considerable: el ESCS explica aproximadamente 12 % de la variación interna del rendimiento científico; 37 % de los estudiantes desfavorecidos están por debajo del Nivel 2, frente a 12 % de los favorecidos.
  7. La lectura presenta problemas particularmente relacionados con textos largos, evaluación, reflexión, integración de información y atención sostenida. Los lectores apresurados pasaron de casi 7 % en 2018 a 11 % en 2025.
  8. El uso de dispositivos digitales presenta una relación no lineal con el aprendizaje: el uso moderado para aprender se relaciona con mejores resultados, mientras que el ocio digital durante la jornada escolar por encima de una hora se relaciona con menor rendimiento.
  9. 28 % de los estudiantes OECD declara que sus compañeros se distraen con dispositivos durante la mayoría o todas las clases de ciencias.
  10. La IA requiere especial cautela: los estudiantes que no utilizan chatbots para determinadas tareas suelen obtener mejores resultados, pero el uso moderado y orientado explícitamente al aprendizaje, acompañado de evaluación crítica de las respuestas de IA, presenta un patrón más favorable.
  11. El apoyo docente mantiene una asociación positiva con el rendimiento científico en numerosos sistemas; el apoyo familiar, en cambio, disminuyó en casi todos los países respecto de 2022.
  12. El ciberacoso constituye uno de los factores con asociación cuantitativa más fuerte: las víctimas obtuvieron 59 puntos menos en ciencias, o 48 puntos menos después del ajuste socioeconómico.
  13. El informe también encuentra relaciones entre inasistencia, tardanza y menor desempeño científico.

Esto cambia considerablemente la interpretación educativa del informe: el gran problema de PISA 2025 es simultáneamente de aprendizaje, atención, desigualdad, condiciones escolares y calidad de la experiencia cognitiva del estudiante. 

Homenaje a América

América se despertó aquella mañana sin saber exactamente qué se estaba celebrando. Todos sabían que era un día de celebración, todos menos América.

Habían preparado las banderas, habían repicado las campanas y alguien había pronunciado un discurso sobre la libertad. Todos sabían que era un día de celebración, todos menos América. 

Habían pasado muchos años desde que las campanas anunciaron que ya no pertenecíamos a nadie, aunque todavía quedaban demasiadas puertas cerradas, demasiados nombres escritos en papeles ajenos y demasiadas voces acostumbradas a pedir permiso.

En una casona grande, con olor a geranios recién cortados, alguien había dejado abierta una ventana. Por ella entraba el ruido de la ciudad y, con él, una conversación que parecía venir de muy lejos.

En la Catedral conversaban Artemio y Pedro.

Nadie sabía si hablaban del pasado o del futuro. Artemio recordaba las heridas de un continente que había aprendido a sobrevivir entre revoluciones, presidentes y promesas. Pedro guardaba silencio, como si desde Comala hubiera traído consigo todas las voces de los muertos.

—¿Y América? —preguntó Artemio.

Pedro miró hacia la ventana.

Todavía espera.

Esperaba una carta.

El coronel también había esperado durante cien años. Esperaba una respuesta que nunca llegaba, mientras un gallo cantaba en algún lugar de la mañana y las nubes cargaban su olvido sobre los techos.

América había aprendido a esperar.

Había esperado en las plazas, en las iglesias, en las montañas y en las casas donde las mujeres hablaban en voz baja mientras los hombres discutían de política.

Había esperado en la casa grande.

Allí, Úrsula bordaba una sábana donde alguien había comenzado a escribir el futuro. Nadie sabía quién había puesto aquella palabra en el hilo: libertad.

En otra habitación, Benedicta preparaba el café.

Había llegado desde los confines del mar y conocía demasiado bien que una palabra como esa podía significar cosas diferentes dependiendo de quién la pronunciara.

La esposa del presidente sostenía un libro entre las manos.

Lo leía a escondidas.

El libro hablaba de fiebres que tenían memoria, de pueblos condenados a repetir sus propias historias y de hombres que confundían la autoridad con el derecho a decidir sobre la vida de los demás.

Ella cerró el libro cuando escuchó pasos.

En la iglesia, el padre Antonio levantó la hostia.

El presidente carraspeó.

El monaguillo Andrés bajó los ojos.

Todos lo escucharon.

Nadie dijo nada.

Afuera llovía.

Adentro, el oro del retablo parecía arder bajo la luz de las velas.

Doña Julia y Úrsula se levantaron para cumplir con el diezmo. Una moneda cayó sobre otra. Después, otra. Y otra.

El padre Andrés hablaba de la generosidad, del pecado y de la condena.

Pero en el último banco, una mujer pensaba que quizá Dios no necesitaba monedas para escuchar a los pobres.

América tampoco.

América necesitaba memoria.

Por las calles de la ciudad caminaban Caupolicán y Túpac Amaru.

No llevaban banderas.

No las necesitaban.

Habían aprendido que antes de que existieran las repúblicas, ya existían pueblos que sabían nombrar los ríos, las montañas y los caminos.

A lo lejos divisaron a la ley.

Venía de prisa.

El secretario del Presidente avanzaba vestido con pantalón y saco de casimir inglés. Su corbata estaba perfectamente planchada. Caminaba como quien conoce el poder y sabe que el poder siempre encuentra una manera de parecer respetable.

Caupolicán lo miró.

Túpac Amaru también.

Ninguno se movió.

En una cafetería cercana, Julia bebía lentamente una taza de café.

Sobre la mesa había un libro de Rubén.

Lo abrió.

Leyó.

Por un instante, el mundo dejó de ser una ciudad llena de ruido.

Fue entonces cuando Margarita comenzó a recitar:

—La princesa está triste...

Y América, que había escuchado tantas veces la tristeza de sus poetas, comprendió que también la poesía había sido una forma de resistencia.

Porque había una América de los conquistadores.

Una América de los presidentes.

Una América de los coroneles.

Una América de los curas y de los caudillos.

Pero también existía otra.

La América de los que escribían.

La América de los que esperaban.

La América de los que luchaban.

La América de quienes escondían libros debajo de la cama.

La América de las mujeres que bordaban el futuro mientras afuera los hombres discutían sobre el poder.

La América de Caupolicán.

La América de Túpac Amaru.

La América de Martí.

La América de Bolívar.

La América de Sandino.

La América de Rubén.

La América de quienes todavía no habían nacido cuando sonaron las campanas de la independencia.

Porque la independencia había llegado con sus banderas, sus proclamas y sus discursos.

Pero después de las campanas vino la pregunta.

¿Independientes de quién?

Y después de esa pregunta llegó otra:

¿Libres para qué?

Nadie respondió.

En Macondo los muertos seguían teniendo memoria.

En Comala los muertos seguían hablando.

En la Catedral todavía se conversaba.

En la ciudad todavía ladraban los perros.

El coronel todavía esperaba su carta.

Y América continuaba buscando una región donde pudiera mirarse sin que otro le dijera quién era.

Entonces Rubén levantó la mirada desde algún rincón de Nicaragua.

No dijo nada.

Simplemente escribió:

América.

Y aquella palabra pareció contener montañas, selvas, ciudades, esclavos, libertadores, campesinos, poetas, madres, soldados, niños y muertos.

Todos cabían allí.

Todos habían dejado algo.

Una palabra.

Una herida.

Una canción.

Una bandera.

Un libro.

Una memoria.

La lluvia comenzó a caer con más fuerza.

El presidente salió de la iglesia.

Su esposa caminó detrás de él.

El monaguillo Andrés permaneció junto al altar.

Había visto todo.

Había escuchado todo.

Y mientras Úrsula terminaba de bordar la sábana donde se escribía el futuro, Andrés comprendió que alguien tendría que contar lo ocurrido.

Porque los pueblos que olvidan terminan viviendo nuevamente aquello que alguna vez quisieron dejar atrás.

Porque alguien tiene que recordar.

Porque América todavía espera.

No una carta.

No una bendición.

No otra promesa.

Espera que alguien le devuelva la voz.

Entonces las campanas volvieron a sonar.

Y esta vez no anunciaron una independencia.

Anunciaron una pregunta.

América levantó la cabeza.

Miró sus montañas.

Miró sus ciudades.

Miró a sus muertos.

Miró sus libros.

Y comenzó a escribir su propia historia.

La inteligencia artificial o el desafío del siglo.

Durante las últimas décadas hemos abrazado la promesa de la transformación digital como uno de los grandes motores del progreso humano. La innovación tecnológica se ha asociado con frecuencia al confort, la eficiencia y la posibilidad de resolver problemas cada vez más complejos. Sin embargo, detrás de este entusiasmo se está produciendo una transformación civilizatoria que rara vez nos detenemos a examinar con la profundidad necesaria. No estamos simplemente incorporando nuevas herramientas: estamos modificando nuestra relación con el conocimiento, con la decisión y, en última instancia, con nuestra propia capacidad de juzgar.

En La inteligencia artificial o el desafío del siglo: anatomía de un antihumanismo radical, el filósofo francés Éric Sadin invita precisamente a cuestionar esta especie de “narcosis” colectiva producida por la fascinación tecnológica. Su preocupación no se limita a determinar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino a preguntarnos qué lugar comienza a ocupar en nuestras vidas y qué facultades humanas estamos dispuestos a delegar en ella.

Durante buena parte de la historia de la informática, el objetivo fundamental fue facilitar el almacenamiento, la clasificación, el procesamiento y la recuperación de información. Desde las máquinas utilizadas por Herman Hollerith para el procesamiento de datos censales hasta los sistemas de gestión burocrática contemporáneos, la tecnología digital permitió ampliar nuestra capacidad para administrar cantidades crecientes de información.

La inteligencia artificial introduce, sin embargo, un cambio cualitativo. Ya no estamos solamente ante sistemas que almacenan o procesan información para ponerla a disposición de las personas. Nos encontramos ante sistemas capaces de interpretar datos, establecer correlaciones, formular recomendaciones, realizar predicciones y orientar decisiones.

Aquí aparece uno de los conceptos centrales del análisis de Sadin: la “potencia aletheica”, expresión relacionada con aletheia, término griego asociado con el desvelamiento o manifestación de la verdad. La tecnología adquiere así una nueva función: no solamente nos proporciona información sobre la realidad, sino que pretende establecer qué es lo que ocurre en ella y qué debería hacerse frente a esa situación.

El cambio es profundo. Un algoritmo puede evaluar perfiles laborales, estimar la solvencia financiera de una persona, identificar patrones médicos o recomendar determinadas decisiones. En todos estos casos aparece una autoridad técnica que parece conferir a sus resultados una objetividad superior a la del juicio humano.

El problema no reside únicamente en que una máquina pueda equivocarse. La cuestión más profunda es qué sucede cuando comenzamos a considerar que sus resultados son más confiables que nuestra propia capacidad de interpretar, deliberar y decidir.

Otro aspecto relevante del planteamiento de Sadin es el carácter antropomórfico de la inteligencia artificial contemporánea. A diferencia de muchas tecnologías anteriores, diseñadas fundamentalmente para ampliar nuestras capacidades físicas, los sistemas actuales intentan reproducir determinadas operaciones asociadas al pensamiento humano.

Las redes neuronales artificiales, los sistemas de aprendizaje automático y las arquitecturas inspiradas en procesos cognitivos constituyen, en este sentido, una forma de imitación tecnológica de determinadas facultades humanas.

Pero este antropomorfismo no pretende simplemente reproducir al ser humano. Busca ampliar, fragmentar y optimizar determinadas capacidades para incorporarlas a ámbitos concretos de la vida social y económica. De esta manera, actividades que antes dependían de la experiencia, la intuición, el criterio profesional o la deliberación colectiva comienzan a traducirse en variables susceptibles de ser procesadas.

Es aquí donde la crítica de Sadin adquiere una dimensión política. El problema no sería la existencia de máquinas inteligentes en sí misma, sino la progresiva subordinación de diferentes ámbitos de la vida a una racionalidad basada en la medición, la predicción y la optimización.

Desde esta perspectiva, la conocida idea de la técnica como pharmakon —aquello que puede ser simultáneamente remedio y veneno— resulta insuficiente para describir algunos de los procesos actuales. La cuestión ya no sería solamente que una tecnología pueda producir beneficios y perjuicios, sino que determinadas tecnologías están diseñadas dentro de un complejo tecnoeconómico que define de antemano qué debe optimizarse, para quién y con qué finalidad.

Cuando comienzan a hacerse visibles las consecuencias sociales de estos procesos, la respuesta suele concentrarse en una ética de carácter defensivo: protección de datos personales, transparencia de los algoritmos, eliminación de sesgos o creación de comités encargados de supervisar el uso de la inteligencia artificial.

Estas medidas son necesarias, pero la crítica de Sadin apunta hacia un problema más profundo. Si nos limitamos a preguntarnos si un algoritmo respeta determinadas normas éticas, podemos estar dejando intacta la cuestión fundamental: ¿por qué hemos decidido que determinadas decisiones deben ser delegadas a un algoritmo?

El dilema, por tanto, no se reduce a proteger nuestros datos. Tiene que ver con la progresiva delegación del juicio humano.

Una sociedad guiada permanentemente por datos y sistemas de retroalimentación aspira, en cierta medida, a reducir la incertidumbre. Allí donde antes existían dudas, interpretaciones y desacuerdos, el algoritmo ofrece una respuesta calculada. Pero la incertidumbre no constituye necesariamente un defecto que deba eliminarse.

La política, la educación y la vida colectiva existen precisamente porque los seres humanos no siempre estamos de acuerdo acerca de lo que debemos hacer. Deliberamos, discutimos, negociamos y construimos acuerdos. Por eso, cuando la decisión se presenta como una simple cuestión técnica susceptible de ser resuelta mediante datos, existe el riesgo de reducir el espacio de la política.

La cuestión no es si los datos son verdaderos o útiles. La cuestión es qué hacemos políticamente con ellos y quién determina el significado que debemos atribuirles.

Es en el ámbito educativo donde esta discusión adquiere una dimensión especialmente delicada.

La escuela no es solamente un lugar destinado a transmitir información o producir determinados niveles de rendimiento. También es un espacio de socialización, pensamiento crítico, construcción de ciudadanía, debate y formación del juicio.

Sin embargo, la creciente importancia concedida a las métricas educativas puede modificar esta concepción. Cuando los resultados de pruebas estandarizadas como PISA se interpretan exclusivamente desde la perspectiva de la competitividad económica entre países, existe el riesgo de reducir la educación a una cuestión de rendimiento y productividad.

Los datos educativos tienen, por supuesto, un enorme valor. Permiten identificar desigualdades, conocer dificultades de aprendizaje, comparar resultados y orientar políticas públicas. El problema aparece cuando la medición deja de ser un instrumento para comprender la realidad y se convierte en el criterio que determina qué realidad merece ser considerada.

En ese punto, la escuela corre el riesgo de convertirse en una fábrica de indicadores y el estudiante en un conjunto de variables cuantificables: competencias adquiridas, niveles de desempeño, resultados obtenidos y probabilidades de éxito.

La expansión de las plataformas de aprendizaje adaptativo, los sistemas de analítica educativa, las tutorías algorítmicas y la inteligencia artificial generativa plantea entonces una pregunta inevitable: ¿qué lugar ocupará el docente cuando una parte creciente del proceso educativo pueda ser medida, predicha y recomendada por sistemas automatizados?

El riesgo no consiste necesariamente en que la inteligencia artificial sustituya físicamente al profesor. Puede ser algo más sutil: que el docente conserve su presencia en el aula, pero pierda progresivamente su autonomía intelectual y pedagógica al convertirse en ejecutor de decisiones producidas por sistemas de datos.

La deliberación viva del aula —discutir sobre la historia, interpretar un acontecimiento, cuestionar una injusticia, comprender una desigualdad o construir colectivamente una explicación— podría quedar subordinada a un flujo permanente de feedback automatizado cuyo objetivo principal sea corregir desviaciones y mejorar indicadores.

Sin embargo, aceptar esta crítica no significa rechazar los datos, la tecnología o la inteligencia artificial.

Sería contradictorio utilizar los instrumentos que permiten conocer mejor la realidad para después negar su valor. Las evaluaciones internacionales, por ejemplo, pueden revelar desigualdades educativas que de otro modo permanecerían invisibles. Los datos pueden mostrar diferencias de aprendizaje relacionadas con las condiciones socioeconómicas y ayudar a identificar poblaciones que requieren mayores recursos y atención.

El problema, por tanto, no está en medir. Está en convertir la medición en el principio supremo de la acción humana.

Tampoco se trata de enfrentar mecánicamente al ser humano contra la máquina. La cuestión fundamental es establecer las condiciones bajo las cuales la tecnología permanece subordinada a fines humanos y democráticamente discutibles.

La pregunta decisiva no debería ser simplemente “¿qué puede hacer la inteligencia artificial?”, sino “¿qué queremos que haga y para qué sociedad?”

Esta diferencia es fundamental. Una inteligencia artificial utilizada para ampliar el acceso al conocimiento, detectar dificultades de aprendizaje, apoyar al docente o facilitar la investigación puede constituir una herramienta poderosa. Pero una inteligencia artificial utilizada para clasificar personas, anticipar comportamientos, establecer jerarquías de valor o sustituir sistemáticamente el juicio humano plantea un problema de naturaleza diferente.

Por eso, el verdadero desafío no consiste en elegir entre tecnología y humanidad. Consiste en impedir que la lógica tecnológica determine por sí sola qué entendemos por humanidad.

La advertencia de Sadin resulta especialmente relevante en un momento en que la fascinación por la inteligencia artificial puede llevarnos a confundir capacidad de cálculo con inteligencia y predicción con conocimiento.

Una máquina puede procesar millones de datos en segundos. Puede encontrar correlaciones imposibles de detectar para una persona. Puede generar textos, imágenes, diagnósticos o recomendaciones con una velocidad extraordinaria. Pero ninguna de estas capacidades responde por sí misma a una pregunta esencialmente humana: ¿qué debemos hacer?

Esa pregunta pertenece al ámbito del juicio, de la responsabilidad y de la deliberación.

Por ello, el desafío educativo del presente no debería consistir únicamente en enseñar a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Debemos enseñar también a cuestionarlas, contrastarlas, contextualizarlas y, cuando sea necesario, rechazarlas.

La educación conserva aquí una función irrenunciable. Su propósito no puede reducirse a formar individuos capaces de adaptarse eficientemente a un sistema tecnológico. Debe formar personas capaces de comprender ese sistema, cuestionarlo y participar en las decisiones que determinan su funcionamiento.

En este sentido, la preocupación de Sadin converge con una de las cuestiones centrales del pensamiento de Hannah Arendt: la necesidad de preservar la capacidad humana de juzgar y de construir un mundo común. Educar no debería significar entrenar individuos para responder adecuadamente a los requerimientos de un sistema, sino proporcionarles las herramientas intelectuales necesarias para pensar por sí mismos, juzgar el mundo que reciben y decidir qué mundo desean construir.

Quizá ese sea, en última instancia, el verdadero desafío de la inteligencia artificial. No impedir que las máquinas sean cada vez más capaces, sino evitar que nosotros renunciemos a ser cada vez más humanos.

He mantenido deliberadamente la tesis crítica, pero introduje un contrapeso importante: no presentar a Sadin como si su diagnóstico obligara a rechazar la tecnología. Eso hace que el artículo sea más sólido intelectualmente y evita que parezca un texto tecnófobo.

También separé las afirmaciones de Sadin de tu posición propia sobre educación. Esa distinción es importante si pretendes publicarlo como artículo de opinión o ensayo, porque permite que el lector identifique dónde termina la interpretación del filósofo y dónde comienza tu argumento.

Bibliografía

Sadin Eric. La inteligencia artificial o el desafío del siglo XXI. 

Resultados PISA2025